¿Qué ha sucedido con las denuncias por infringir las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno durante el estado de alarma?

El Gobierno de España impuso un confinamiento a todos nosotros durante el estado de alarma decretado entre marzo y abril del año pasado.

Esta semana se ha sabido gracias a una pregunta parlamentaria que en total se pusieron más de 1 millón de multas entre la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. El resultado del inmenso trabajo desarrollado por los cuerpos de seguridad se ha traducido en el increíble número de 7.000 expedientes sancionadores.

Debemos explicar que los agentes cuando “ponen una multa”, como decimos coloquialmente, lo que están haciendo es una denuncia y una propuesta de sanción. Esta propuesta llega a la Delegación del Gobierno correspondiente que es la que debe iniciar el procedimiento sancionador, notificando la propuesta de sanción y el importe de la misma.

La Guardia Civil ha mostrado su descontento con estas cifras y ha pedido explicaciones porque ve que su trabajo ha caído en saco roto.

Los motivos de estas cifras son varios, pero quiero destacar el trabajo de los operadores jurídicos en general, y abogados y jueces en particular.

Desde un primer momento se puso en entredicho la herramienta legal utilizada por el Gobierno para la imposición de sanciones, puesto que en el Real Decreto que establecía el estado de alarma, no se incluían las necesarias normas en el ámbito sancionador, tanto de clasificación de infracciones (leve, grave, muy grave), así como la sanción para las mismas. Con este argumento, y teniendo en cuenta que, a pesar de vivir en un estado de alarma, España es un estado de derecho y se deben cumplir con las garantías de todo proceso sancionador, es con el que se ha combatido en el ámbito administrativo y en sede judicial las propuestas de sanción emitidas, hasta tal punto que incluso determinadas Delegaciones de Gobierno decidieron y lo publicaron en prensa, dejar de tramitar expedientes sancionadores por vulnerar el confinamiento decretado por el Gobierno, ante la cascada de anulaciones de sanciones acordadas por los Juzgados en todo el territorio nacional.

 

ALEJANDRO GÓMEZ - ABOGADO

Abogados CE