Dentro de la nueva normativa (RGPD y LOPDPyGDD) en materia de protección de datos personales se hace especial incidencia en la adecuada elección de nuestros proveedores que, por razón de su prestación, tengan acceso a datos personales; son los llamados según la normativa “encargados del tratamiento”, y pueden ser definidos como aquellos que tratan datos personales por la prestación de un servicio que nosotros (empresa) les encomendamos.

Cuando el desempleado esta percibiendo la prestación por desempleo, tiene la posibilidad de capitalizar el paro, y así poder cubrir las necesidades económicas que suponga el inicio de su nueva actividad al cobrar en un solo pago el importe pendiente de la prestación por desempleo.

El pasado mes de diciembre entró en vigor en nuestro país la nueva  Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD). Esta norma  consiste en la adaptación en España de lo dispuesto por el Reglamento Europeo General de Protección de Datos, en adelante RGPD, de aplicación directa en el territorio de la Unión Europea desde el pasado mayo de 2018.

Los trabajadores del Grupo Empresarial Alcoa Inespal, de las plantas de Avilés y Coruña, han ratificado, por una mayoría del 91 %, el preacuerdo que alcanzó “in extremis”, tras largas horas de negociación, la Comisión Negociadora, el pasado 15 de enero de 2.019, día fijado para la finalización del periodo de consultas de despido colectivo, iniciado el 27 de noviembre de 2.018.

Con independencia de que me parece una redacción mala de corta y pega, con algún absurdo que otro como el de la necesidad de la vivienda para la persona jurídica, las novedades a partir de mañana, 19 de diciembre, fecha de entrada en vigor de las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, son las siguientes:

El objetivo es llamar a la reflexión y abrir el debate sobre la “necesaria y urgente defensa” de la dignidad e integridad de la persona en el contexto de la revolución tecnológica, según ha informado el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, uno de los miembros del equipo de trabajo que la ha elaborado.

Cuando la empresa como persona jurídica realiza esta puesta a punto en el cumplimiento normativo, el órgano de administración responsable del control y prevención pasa a formar parte de un sistema para evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, que no haya responsabilidad de la persona jurídica.

El letrado es sujeto obligado por la Ley 10/2010 de 28 de abril en la prevención del blanqueo de capitales y, por tanto, tiene el deber de colaborar con las autoridades en su lucha y persecución.

Sin embargo sólo se encuentran sometidos a esta normativa cuando participan en la concepción, realización o asesoramiento de alguna de las actividades previstas en la letra ñ) del artículo 2.1 de la Ley; así como también cuando prestan alguno de los servicios establecidos en la letra o) del artículo 2.1 de la Ley.

AP de Barcelona, a de 28 de septiembre de 2018.

En los supuestos de concurso de persona física en los que el deudor pueda acogerse al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es preciso interpretar el presupuesto de la pluralidad de acreedores de forma flexible. Es decir, se puede declarar el concurso a partir de una única deuda relevante.

En ocasiones los hijos quieren marcharse de casa antes de cumplir la mayoría de edad, aparentemente un problema para los padres, eso sí, que puede ser mucho más grave de lo que parece si incurre en algún acto con responsabilidad. (Grafitis, accidente de moto, pelea, etc.)

La sentencia indica que la propuesta de acabar con la prórroga de los convenios es que puedan adaptarse a la evolución de la economía.

El convenio finaliza tras un año de su vencimiento si este no se modifica por otro. Si esto sucediera, los trabajadores podrán optar por un convenio superior, dependiendo en todo caso, del tipo de sector o el ámbito en el que se encuentre a nivel local, regional o estatal.