Los trabajadores del Grupo Empresarial Alcoa Inespal, de las plantas de Avilés y Coruña, han ratificado, por una mayoría del 91 %, el preacuerdo que alcanzó “in extremis”, tras largas horas de negociación, la Comisión Negociadora, el pasado 15 de enero de 2.019, día fijado para la finalización del periodo de consultas de despido colectivo, iniciado el 27 de noviembre de 2.018.

Con independencia de que me parece una redacción mala de corta y pega, con algún absurdo que otro como el de la necesidad de la vivienda para la persona jurídica, las novedades a partir de mañana, 19 de diciembre, fecha de entrada en vigor de las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, son las siguientes:

El objetivo es llamar a la reflexión y abrir el debate sobre la “necesaria y urgente defensa” de la dignidad e integridad de la persona en el contexto de la revolución tecnológica, según ha informado el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, uno de los miembros del equipo de trabajo que la ha elaborado.

Cuando la empresa como persona jurídica realiza esta puesta a punto en el cumplimiento normativo, el órgano de administración responsable del control y prevención pasa a formar parte de un sistema para evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, que no haya responsabilidad de la persona jurídica.

El letrado es sujeto obligado por la Ley 10/2010 de 28 de abril en la prevención del blanqueo de capitales y, por tanto, tiene el deber de colaborar con las autoridades en su lucha y persecución.

Sin embargo sólo se encuentran sometidos a esta normativa cuando participan en la concepción, realización o asesoramiento de alguna de las actividades previstas en la letra ñ) del artículo 2.1 de la Ley; así como también cuando prestan alguno de los servicios establecidos en la letra o) del artículo 2.1 de la Ley.

AP de Barcelona, a de 28 de septiembre de 2018.

En los supuestos de concurso de persona física en los que el deudor pueda acogerse al BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es preciso interpretar el presupuesto de la pluralidad de acreedores de forma flexible. Es decir, se puede declarar el concurso a partir de una única deuda relevante.

En ocasiones los hijos quieren marcharse de casa antes de cumplir la mayoría de edad, aparentemente un problema para los padres, eso sí, que puede ser mucho más grave de lo que parece si incurre en algún acto con responsabilidad. (Grafitis, accidente de moto, pelea, etc.)

La sentencia indica que la propuesta de acabar con la prórroga de los convenios es que puedan adaptarse a la evolución de la economía.

El convenio finaliza tras un año de su vencimiento si este no se modifica por otro. Si esto sucediera, los trabajadores podrán optar por un convenio superior, dependiendo en todo caso, del tipo de sector o el ámbito en el que se encuentre a nivel local, regional o estatal.

Se trata de determinar si la empresa puede adoptar medidas disciplinarias respecto a hechos cometidos por un trabajador aunque no se encuentre ni en tiempo ni en lugar de trabajo y si en este tiempo, ajeno a la jornada laboral, puede realizar actuaciones que redunden, directa o indirectamente, en un perjuicio a la empresa.

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca, de fecha 28 de febrero de 2018, número 74/2018, procedimiento nº 531/2017. Ponente: José María Tejada Bagur.

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha advertido hoy sobre la facilidad con la que se adquieren productos y servicios financieros, "a veces muy complejos", a través de dispositivos móviles, que pueden poner en peligro la protección al inversor, que no entiende lo que compra.

Durante su intervención en la clausura del curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, Alonso se ha referido a las conclusiones de la Encuesta de Competencias Financieras elaborada junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y presentada en mayo.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

Ángel Cardo Herrero, socio de Eurolegis SLP y Director General de Abogados CE Consulting analiza cómo ha sido el proceso de transformación digital en su despacho utilizando para ello las herramientas de Aranzadi Fusión. Un testimonio en vídeo de un caso de éxito. "Aranzadi Fusión ha mejorado nuestra comunicación con el cliente".